España deberá reformar 12 normas para ajustarse a la Convención de la ONU sobre discapacidad

España deberá reformar 12 normas para ajustarse a la Convención de la ONU sobre discapacidad

Servimedia (14/03/2009). España deberá reformar una docena de normas para adaptar su legislación a la Convención de la ONU sobre Discapacidad, según los cálculos realizados por el PP, que defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley en la que pide al Gobierno una norma transversal que recoja todas estas modificaciones y que derogue, si es necesario, el material jurídico que se quede obsoleto.

El texto de los populares quiere que el ajuste del ordenamiento jurídico español a la Convención de la ONU de Discapacidad esté listo en seis meses, mediante una ley que recoja «flecos sueltos» y que atienda «reivindcaciones enquistadas» sobre aspectos relacionados con el empleo, la vivienda o el trasporte de las personas con discapacidad, según declaró a Servimedia el diputado del PP Francisco Vañó.

Así, por ejemplo, la proposición apuesta por crear una nueva ley para mejorar el acceso al trabajo de los ciudadanos con discapacidad; por elevar del cinco al siete por ciento las ofertas de empleo público para este colectivo; por eximir de pagar peaje en las autopistas a las personas con discapacidad, y por considerar infracción grave y castigar con la pérdida de puntos a quienes aparquen en las plazas reservadas para conductores con discapacidad.

Con respecto al empleo, la proposición del Grupo Popular apuesta, además de por elevar la reserva pública desde el cinco al siete por ciento, por destinar un dos por ciento de ese siete por ciento al empleo de personas con discapacidad intelectual.

En el ámbito de la vivienda, el texto del PP aboga por pasar del tres al seis por ciento en la reserva de construcciones sociales y de protección oficial adaptadas a las necesidades de las personas con discapaidad.

Por otra parte, la propuesta de ley del PP insta al Gobierno a regular auditorías previas de accesibilidad en todas las obras financiadas por la Administración General del Estado y a evaluar el grado de accesibilidad de los entornos, bienes, productos y servicios que establece la norma.



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